El Colegio ha solicitado a la Consejería de Política Social que en los procesos participativos impulsados por la administración pública incluyan a las/os Trabajadoras/es Sociales.

En relación a la publicación del “Protocolo de Coordinación Interinstitucional en Violencia Sexual de la Región de Murcia” _presentado el 28 de marzo de 2025; y al _“Protocolo de Atención al Maltrato Infantil y Adolescente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia” publicado en abril de 2025; se ha puesto en conocimiento del Colegio que no se ha contado con la participación de las/os Trabajadoras Sociales del Instituto de Medicina Legal, pese a tratarse de profesionales con una intervención directa y especializada en la atención a menores y familia en situación de especial vulnerabilidad.

En el caso del “Protocolo de Coordinación Interinstitucional en Violencia Sexual de la Región de Murcia”, sí que se tienen constancia que en el grupo de trabajo previo a su elaboración participó una representante del Instituto de Medicina Legal, pero no se hizo extensiva la participación o la recogida de aportaciones a la Unidad de Valoración Forense Integral; y en concreto a las/os profesionales de Trabajo Social.

Mediante el presente escrito se traslada la preocupación del Colegio por ello, al desempeñar el Trabajo Social Forense un papel fundamental en la valoración social, la comprensión del contexto familiar y relacional de los menores, así como en la coordinación con los recursos sociales y de protección; aspectos que resultan esenciales para una atención integral y adecuada en casos de maltrato infantil y abuso sexual.

Considerando que, la participación de las y los Trabajadoras/es Sociales del ámbito forense, aporta una perspectiva profesional imprescindible para el diseño y desarrollo de protocolos de actuación que impliquen la intervención coordinada de distintos sistemas (judicial, sanitario, educativo, social, de protección, etc.).

El Colegio queda a disposición de la administración para lo que estime oportuno; así como para colaborar en cuantas iniciativas contribuyan a mejorar la protección y el bienestar social de la ciudadanía; y la calidad de la intervención profesional del Trabajo Social.