El Colegio insta a la administración a que rectifique la decisión de cerrar el Centro de Menores de Santa Cruz

Desde el Colegio Oficial de Trabajo Social de la Región de Murcia queremos expresar nuestro profundo malestar con el anunciado cierre del Centro de Menores de Santa Cruz, una medida que consideramos contraria a los derechos humanos, que desmantela un recurso clave en el sistema de protección a la infancia en nuestra región.

Denunciando con firmeza que la vida y el bienestar de niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad no pueden ni deben utilizarse como chantaje político. Manifestando nuestra preocupación por el futuro de las/os 60 menores de edad que actualmente residen el centro, quienes no solo han sufrido el desarraigo de sus países de origen, sino que ahora experimentan un doble desarraigo, al verse privados de las rutinas, vínculos, espacios de confianza y apoyos profesionales que han construido en Santa Cruz. Esta ruptura forzada supone una dificultad añadida a la historia de vida de cada niña, niño y/o adolescente. Una doble exclusión, social y vital, al ser migrantes en un entorno desconocido; y ahora una exclusión institucional, al ser expulsadas/os del propio sistema que debería protegerles.

Así mismo, expresamos nuestra inquietud ante las políticas migratorias que puedan implantarse en la región en esta misma línea, que lejos de garantizar derechos, se alejan de los compromisos nacionales en materia de infancia/adolescencia y derechos humanos. La propuesta de crear un Comité de Reagrupación Familiar en sus países de origen, en colaboración con la Consejería de Política Social, aun sin detalles claros sobre su funcionamiento, genera más dudas que certezas sobre el enfoque de atención a estas niñas, niños y adolescentes.

Manifestando nuestra máxima preocupación ante recortes en las partidas presupuestarias destinadas a las políticas sociales, fundamentales para garantizar el bienestar social de la ciudadanía. Advertimos, desde nuestra responsabilidad profesional y ética, sobre el riesgo que supone la supresión o disminución de subvenciones dirigidas a programas de atención y protección de menores, y, en definitiva, a colectivos vulnerables. Esto puede dar lugar a un retroceso gravísimo en los estándares de calidad y atención que deben regir en un estado de derecho, más aún si cabe, si tenemos en cuenta los datos negativos sobre pobreza y servicios sociales que viene arrastrando nuestra región.

Datos de la Región de Murcia:

• “Tercera comunidad con más pobreza del país”, con datos de la tasa AROPE del 32,4% y del Riesgo de Pobreza del 26%, casi 408.703 personas (Encuesta de Condiciones de Vida 2024).
• “Una de las cinco comunidades que no alcanza el 2% de las personas bajo el umbral de pobreza que se benefician de la Renta Básica de Inserción, solo el 1,2% de las personas bajo el umbral de la pobreza se benefician, cuya cuantía no supera el 9% de la renta media de los hogares del territorio” (Informe sobre Rentas Mínimas de Inserción de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales de España).
• “Una de las comunidades que las Comunidades que menos invierten en políticas sociales (3.008 gasto por habitante/€):sanidad, educación y servicios sociales.” (Informe sobre presupuesto destinado a política social de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales de España).
• La comunidad con peores datos en el Informe DEC (Índice de Desarrollo de Servicios Sociales), clasificada como de irrelevante en servicios sociales (Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales de España).

Recortar en servicios sociales supone poner en riesgo la atención de familias, personas mayores, infancia, mujeres víctimas de violencia de género, población migrante, personas sin hogar y otros colectivos vulnerables en situación de vulnerabilidad y/o exclusión social. Significa retroceder en un sistema de servicios sociales capaz de atender las crecientes necesidades sociales y demandas de nuestra región.

Desde el Colegio, como entidad comprometida firmemente con la justicia social y la protección de los derechos de la infancia, especialmente de la que se encuentra en situación de riesgo, exclusión y/o vulnerabilidad social, hacemos un llamamiento a las administraciones públicas a rectificar la decisión del cierre del centro de Santa Cruz, a mantener abiertos y dotados de recursos adecuados a los centros de menores, a trabajar desde una perspectiva de derechos y no de la exclusión; y a tener presente que las políticas sociales no son un gasto prescindible, son una inversión para garantizar la cohesión social, el bienestar y la protección de derechos.

El bienestar de la infancia no puede ser negociable y la Región de Murcia merece unos presupuestos comprometidos con el bienestar de las personas.