Comunicado del Consejo General del Trabajo Social y el Consejo Andaluz de Trabajo Social ante la situación humanitaria y migratoria en Ceuta

Ante esta realidad, trasladamos nuestras condolencias a las familias de las personas fallecidas y mostramos nuestro reconocimiento a las y los profesionales de los servicios sociales y entidades del tercer sector que están desarrollando una labor esencial en circunstancias especialmente difíciles.

Como corporaciones de derecho público que representa a las y los profesionales del Trabajo Social, defendemos que toda respuesta institucional debe situar en el centro la protección de la vida, la dignidad humana y el respeto a los derechos fundamentales. Estos principios forman parte de la esencia del Trabajo Social y constituyen la base de un Estado social y democrático de derecho.

Al mismo tiempo, entendemos que la gestión de las fronteras y la garantía de la seguridad son competencias legítimas del Estado y responsabilidades que deben ejercerse desde la legalidad, la proporcionalidad y el pleno respeto a los derechos humanos. La protección de las fronteras y la defensa de los derechos fundamentales no son objetivos incompatibles, sino obligaciones que deben desarrollarse de manera conjunta y coordinada por parte de todas las administraciones.

La situación que vive Ceuta pone de manifiesto la necesidad de una respuesta coordinada entre el Gobierno de España, la Ciudad Autónoma de Ceuta, la Unión Europea y el conjunto de las administraciones implicadas. Es imprescindible reforzar los recursos de atención, acogida y protección, así como impulsar políticas de cooperación con los países de origen y tránsito que permitan abordar las causas estructurales de los movimientos migratorios.

Asimismo, manifestamos nuestra preocupación por la creciente utilización de la migración como elemento de confrontación política e institucional. Las personas migrantes no pueden convertirse en objeto de estrategias partidistas ni de enfrentamiento entre administraciones. Una realidad tan compleja exige responsabilidad, diálogo, cooperación y altura institucional, alejándose de discursos simplistas que favorecen la polarización social y la estigmatización de colectivos especialmente vulnerables.

Del mismo modo, consideramos imprescindible combatir cualquier manifestación de racismo, xenofobia, discurso de odio o desinformación que contribuya a deteriorar la convivencia. La respuesta a esta situación debe construirse desde el respeto, la solidaridad y la defensa de los valores democráticos, evitando cualquier forma de discriminación por razón de origen, nacionalidad o situación administrativa.

Desde el Trabajo Social reiteramos nuestro compromiso con la justicia social, la defensa de los derechos humanos, la cohesión social y la protección de las personas en situación de vulnerabilidad. Nuestra profesión seguirá trabajando para garantizar que las políticas públicas sitúen siempre a las personas en el centro, promoviendo respuestas integrales, coordinadas y respetuosas con la dignidad humana.

El Consejo General del Trabajo Social y el Consejo Andaluz de Trabajo Social hacen un llamamiento a todas las instituciones y responsables públicos para que afronten esta situación desde el consenso, la cooperación y el respeto al Estado social y de derecho, impulsando soluciones eficaces, sostenibles y compatibles con la protección de los derechos humanos y la seguridad de toda la ciudadanía.