Posicionamiento ante la convocatoria de ayudas al alquiler y los informes de vulnerabilidad

Según la Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía, los servicios sociales comunitarios tienen la responsabilidad de realizar valoraciones sociales integrales y de promover la inclusión, la autonomía y la participación social de las personas. Reducir el contenido de los informes sociales a una mera acreditación económica distorsiona la finalidad y naturaleza de nuestra labor profesional.

Los informes sociales no son certificados de renta: son instrumentos técnicos de diagnóstico y acompañamiento que permiten abordar de forma integral la situación de vulnerabilidad. De este modo, la vulnerabilidad no debe entenderse como un requisito previo para que las personas o familias puedan acceder a las ayudas de alquiler, sino como el punto de partida de una intervención social integral, atendiendo las necesidades y los problemas que afectan a esa persona, familia o, en su conjunto, a la comunidad.

El Plan Estratégico de Servicios Sociales de Andalucía 2021-2024 apuesta por la coordinación entre políticas públicas, la desburocratización y la centralidad de la persona. El Colegio Profesional de Trabajo Social de Cádiz subraya la necesidad de fortalecer la cooperación interinstitucional entre las políticas de vivienda y los servicios sociales públicos, de modo que los informes de vulnerabilidad no se limiten a la dimensión económica, sino que integren también la valoración profesional de factores sociales, relacionales y de entorno. Solo desde una mirada compartida y coordinada entre administraciones se podrá garantizar una respuesta justa y ajustada a la realidad de las personas.

“En coherencia con el desarrollo del nuevo instrumento de valoración de la exclusión social previsto en la Historia Social Única de Andalucía, consideramos que la evaluación de la vulnerabilidad debe apoyarse en herramientas comunes y coordinadas entre administraciones, que reconozcan la complejidad de las situaciones sociales más allá de los ingresos económicos.”

El Colegio Profesional de Trabajo Social de Cádiz reivindica el papel de los servicios sociales como garantes de derechos y promotores de inclusión, no como simples gestores de trámites administrativos.

En defensa de una atención social integral, humanizada y coherente con el marco legal andaluz, instamos a la Administración autonómica a revisar este procedimiento y a reforzar la coordinación entre las políticas de vivienda y los servicios sociales públicos.