Trabajo social volcado con los incendios forestales activos en España

En estos escenarios de emergencia social, las trabajadoras y los trabajadores sociales nos situamos en la primera línea de atención a la ciudadanía, garantizando derechos, acompañando a las personas y coordinando acciones clave para la recuperación social y comunitaria.

En el verano de 2025, España se ha vuelto a enfrentar a una ola de incendios forestales de gran magnitud. Entre los fuegos más significativos destacan los de Cuevas del Valle (Ávila), el incendio de Las Hurdes (Cáceres) y el siniestro de Valdecaballeros (Badajoz). También se han producido incendios de importancia en la Sierra Oeste de Madrid, en Tenerife y en A Cañiza (Pontevedra), entre otros, donde se decretaron niveles altos de alerta y se llevaron a cabo evacuaciones preventivas.

Ante estas situaciones, la intervención social organizada se activa a través de estructuras especializadas. El Grupo Estatal de Intervención en Emergencias Sociales (GEIES), dependiente del Consejo General del Trabajo Social, mantiene contacto y coordinación permanente con los colegios oficiales territoriales, ofreciendo apoyo técnico, formación especializada y mecanismos de activación rápida en situaciones de catástrofe. Este grupo profesional se articula como un recurso esencial en el sistema de protección civil, al aportar perspectiva social, análisis de vulnerabilidades y capacidad de gestión integral de las necesidades de la población afectada.

A nivel autonómico, cabe destacar la activación reciente del Grupo de Intervención Social en Emergencias Extraordinarias (GISEEX) en la Comunidad Autónoma de Extremadura, dentro del Plan INFOEX. Un grupo de trabajadoras y de trabajadores sociales cualificados han sido desplegados en las zonas afectadas para llevar a cabo funciones esenciales: actuaciones con personas vulnerables, gestionado el acceso a recursos residenciales para personas mayores, se ha coordinado con profesionales de la Psicología para facilitar la evacuación de algunos núcleos poblacionales, y han estado atendiendo de forma activa las necesidades sociales de las personas desplazadas y alojadas en el pabellón habilitado. Estas compañeras y estos compañeros no sólo están interviniendo en la contención de la crisis, sino que aseguran la continuidad de derechos básicos y prestan una atención humanizada, cercana y profesional, siguiendo nuestros principios éticos y deontológicos de nuestra profesión.

La actuación del trabajo social en contextos de emergencia está estrechamente condicionada por las particularidades del entorno en el que se desarrolla. Factores como la naturaleza del suceso, las características socioculturales de la población afectada, el volumen de personas implicadas o incluso aspectos geográficos y climáticos influyen directamente en la definición de prioridades y en el diseño de los objetivos de intervención. En estas situaciones críticas, uno de nuestros principales cometidos es favorecer la estabilidad emocional de quienes sufren el impacto, ejerciendo un rol de contención que transmite calma, confianza y seguridad.

Nuestra presencia y liderazgo asertivo resultan básicos para evitar reacciones desadaptativas en momentos de alta tensión. Estas intervenciones, además, suelen enmarcarse dentro de dispositivos multidisciplinares, en los que el trabajo coordinado y el cumplimiento de protocolos es importantísimo. Entre las múltiples funciones que podemos asumir desde el trabajo social destacan la acogida de familiares, la clasificación de necesidades sociales (“triaje”), la gestión de información para reducir la incertidumbre, la escucha activa y empatía, el acompañamiento y la organización general de la respuesta social. Se trata pues, de ejercer una atención global y transversal, con una mirada que integre lo comunitario, lo institucional y lo personal.

Esto implica actuar tanto en la fase inmediata de la emergencia como en la prevención y reconstrucción, desplegando herramientas propias del trabajo social como la planificación social, el trabajo en red y la evaluación continua del impacto en las condiciones de vida.

Desde este punto de mira, nuestro sol no se limita a dar una respuesta puntual, sino que incluye una perspectiva estructural que interroga las causas sociales que agravan la vulnerabilidad de las personas y de las comunidades ante desastres y catástrofes naturales: el aislamiento rural, la desigualdad territorial en el acceso a servicios, la precariedad habitacional o la falta de planes de contingencia con enfoque social. Nuestra intervención en emergencia se convierte, así, en un espacio de defensa de derechos, justicia territorial y sostenibilidad social, dimensiones esenciales en un contexto de una crisis climática y la fragilidad ambiental.

La intervención social en emergencias y catástrofes debe regirse, además, por el Código Deontológico del Trabajo Social, que establece como principios fundamentales el respeto a la dignidad de las personas, la justicia social, la solidaridad, la integridad profesional y la defensa activa de los derechos humanos. Esto implica, entre otras cosas, que aún en emergencias, la atención debe estar centrada en la persona y en la protección activa aquellas personas más frágiles. Todo ello, desde una intervención basada en la evidencia, la coordinación interprofesional y la planificación estratégica.

Desde el Consejo General del Trabajo Social insistimos en la necesidad de que las administraciones públicas reconozcan la figura del trabajo social en el sistema nacional de emergencias, dotando de recursos y estructura formal a nuestra intervención en catástrofes, y promoviendo la consolidación de especialidades como estas emergencias. Asimismo, es imprescindible incluir formación específica en los planes de estudios universitarios y fomentar la investigación aplicada en este ámbito.

Finalmente, el Consejo General del Trabajo Social agradece profundamente la labor de todas las trabajadoras y trabajadores sociales que, una vez más, han demostrado su compromiso, profesionalidad y capacidad de respuesta ante las catástrofes naturales. La intervención de nuestras compañeras y de nuestros compañeros no solo contribuye a salvar vidas, sino que garantiza procesos de recuperación y reconstrucción social basados en la equidad, la dignidad y la solidaridad.