COMUNICADO | Aportamos casi una treintena de propuestas a la regulación de vivienda

Gijón, 01 de agosto de 2025

Nuestra comunidad autónoma tiene una misión fundamental por delante, la de regular una normativa garantista que permita que el acceso a una vivienda digna y en condiciones de igualdad sea una realidad.

Pero para ello tiene que abrir los ojos y los oídos a profesionales, como los de Trabajo Social, que conocen de primera mano la acuciante necesidad de vivienda de grandes sectores de población.

El Colegio de Trabajo Social de Asturias, ha presentado nuevamente aportaciones, en torno a un tema que suscita gran preocupación en el colectivo, el acceso a la vivienda.

Los recursos de emergencia, como los albergues, están saturados, y las personas que allí están alojadas carecen de alternativa digna, viendo como la grave problemática de vivienda se cronifica. Los desahucios se siguen produciendo sin tener tampoco opciones habitacionales para alojar a personas muy vulnerables y/o familias enteras. Los precios del alquiler están disparados, las condiciones para acceder a alquileres imposibles (algunas, incluso, abusivas si potencialmente puedes ser familia vulnerable) y el acceso a habitaciones, muchas veces la única solución habitacional en estos tiempos, tampoco es una alternativa, entre otras cuestiones, debido a sus precios, cada vez más elevados.

La vivienda pública es insuficiente, las viviendas de urgencia se deniegan sin criterios claros, al no existir profesionales en la Dirección General de Vivienda que puedan hacer las valoraciones sociales de las solicitudes, y se remite a las personas solicitantes a sus ayuntamientos de referencia para que soliciten vivienda por vía de emergencia. Ayuntamientos que, tramitan las solicitudes de vivienda por este cauce según la normativa cuyo marco está impuesto por el nivel autonómico, y solo pueden proponer la adjudicación de una vivienda pública a la Dirección General de Vivienda, cuando exista disponibilidad. Sin embargo, esta disponibilidad de vivienda no existe, ya que no cubre ni una mínima parte de la demanda del actual escenario de vivienda. Así, por ejemplo, en los últimos meses, los municipios más poblados y donde más demanda de vivienda existe, la disposición de una vivienda pública era irrisoria: Oviedo 1; Gijón 2; Avilés ninguna, Villaviciosa 3, ó Pola de Siero 1. Y en total, aproximadamente unas 52 viviendas disponible en el último mes de julio para los 78 municipios asturianos y una demanda altísima que supera las 400 solicitudes en algunos municipios.

Es por esto y por múltiples cuestiones que nuestras profesionales del Trabajo Social se encuentran cada día, por lo que desde el Colegio Oficial de Trabajo Social de Asturias hemos presentado diversas aportaciones a la consulta pública previa a la supuesta elaboración del borrador del Anteproyecto de Ley de Vivienda en Asturias. Una consulta que finalizaba en el día de ayer, pero que sin embargo hoy amanecemos con el anuncio publicado en el BOPA de la apertura de alegaciones, en pleno mes de agosto, al texto del proyecto, sin que tan siquiera se hubiera tenido en cuenta esa consulta.

Un borrador de una ley de semejante calado, recién presentado por el Consejero responsable en materia de vivienda y su Director General, que genera nuestras dudas en cuanto a si va a continuar elaborándose sin contar con un amplio consenso y participación real de agentes directamente implicados en la materia, como somos las y los trabajadores sociales, que aportamos propuestas válidas y ajustadas a la realidad, que no pareciera sean tenidas en cuenta, a la vista de la reciente consulta pública previa.

Algunas de las propuestas realizadas por el COTSA en esa consulta y que seguiremos defendiendo son:

• 1. Mejorar la gestión del parque público desde el punto de vista social, lo que permitiría detección a tiempo de casuísticas que requieran una intervención social, familiar y/o comunitaria.

• 2. Aumentar el parque público de vivienda.

• 3. Necesidad de definir y concretar la imprescindible colaboración y coordinación interinstitucional entre todas las administraciones, tanto locales, como autonómicas implicadas (Ayuntamientos, Consejería de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, Consejería de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos, VIPASA, empresas municipales de vivienda, etc.).

• 4. Urgencia de revisar los procesos de adjudicación de vivienda, así como la creación de un observatorio de vivienda asturiano, puesto que, si no conocemos la realidad, mal vamos a poder legislar.

• 5. Crear un registro de demandantes de vivienda autonómico único y un observatorio autonómico de vivienda, así como un registro público de contratos de alquiler, cesión en precario u otras formas, inclusive de habitaciones; también un registro público de aquellas viviendas que no tienen certificado de habitabilidad, insalubres, infraviviendas…

• 6. Regular los alquileres de habitaciones; así como incluir la regulación de las viviendas de uso turístico y vivienda rural.

• 7. Modificación y mejora de la regulación y ejecución de las ayudas al alquiler.

• 8. Aumentar la reserva de viviendas protegidas o de promoción pública general y específica para determinadas situaciones o colectivos.

• 9. Garantizar los suministros.

• 10. Claridad y mejora de los trámites para la compensación a las personas arrendadoras de viviendas afectadas por la suspensión extraordinaria de procedimientos de desahucio.

Pero todo lo anterior sigue siendo sin ser posible sino se incorporan equipos multiprofesionales en los que el trabajo social es una asignatura pendiente de esta Consejería, a pesar de ser un compromiso adquirido desde que comenzó su legislatura. Se siguen creando puestos de inspección, pero se DESPRECIA la creación de medios de prevención y que realmente atiendan y diagnostiquen, detectando precozmente cuál es el plan de acción más adecuado ajustado a la realidad, tanto de quienes residen en viviendas del parque público gestionadas por la administración, como aquellas cedidas para arrendamientos a través de programas de movilización de vivienda vacía.

Conocer y comprender la necesidad del Trabajo Social en el sistema de vivienda, el quinto pilar del estado de bienestar social, es imprescindible para abordar los procesos de inclusión socio comunitarios.

La elaboración de una ley de vivienda que realmente sea participada y cuente con mesas de trabajo de diferentes colectivos y sociedad civil, debates, jornadas con expertos/as en la materia, análisis de otras leyes autonómicas etc, es otro imprescindible que esperamos se ponga en marcha antes de meter a hornear la nueva norma.